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Durante este último tiempo ha estado en boga en los medios de comunicación la situación de las demandas e  indemnizaciones a los trabajadores a  honorarios  y la problemática que esto genera  en las arcas de los municipios.

Es más, acercando este tópico a nuestro entorno,  hace pocos días salió publicada una nota que afectaba directamente mi imagen como autoridad comunal y el trabajo de nuestros funcionarios. Pero más que enforcarnos en este lamentable hecho, quiero referirme a esta situación a la que nos vemos enfrentados, en donde surgen estas demandas que se dan bajo un marco legal que carece de claridad y que lleva a los municipios a perder todos los juicios que enfrentan.

Es importante señalar, que esta problemática afecta a todos los organismos públicos, ya que la jurisprudencia de los últimos años respecto a las relaciones contractuales de dichos organismos con prestadores de servicios a honorarios, fue siempre materia de pertinencia jurídica en el Código Civil, y hoy se relaciona con el Código del Trabajo, pues así se ha estado determinando por los Tribunales de Justicia.
 
En estos juicios, por ejemplo, es común que se determine faltas en el pago de imposiciones a los “Trabajadores”, pues en la Administración Pública, solo se puede hacer lo que la ley permite. Esto, toda vez que el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, en su artículo 3, de forma excepcional solo permite tres casos en que es posible contratar bajo las normas del Código del Trabajo: 1)  las actividades que se efectúen en forma transitoria en municipalidades que cuenten con balnearios u otros sectores turísticos o de recreación. 2)  El personal que se desempeñe en servicios traspasados desde organismos o entidades del sector público y que administre directamente la municipalidad y 3) Los médicos cirujanos que se desempeñen en los gabinetes psicotécnicos. 

Por esta situación, hemos expuesto a la ex Presidenta de la República, Parlamentarios, Asociación Nacional de Municipios y autoridades pertinentes, la necesidad de abordar esta situación, reconociendo el derecho de los prestadores de servicio del Estado a reglas claras, pero sin éxito en la resolución, por locual considero que no ha existido voluntad política.

Hoy en día, como municipio tenemos que lidiar con juicios que bordean los 160 millones de pesos sin contar con las cotizaciones previsionales e intereses, por lo que estos recursos que podrían ser destinados para el  desarrollo de la gestión, serán traspasados para pagar dichas indemnizaciones. 

Espero que de una vez por todas las autoridades competentes definan una posición clara para subsanar esta problemática que, en nuestro caso, hace un daño tremendo y truncan las posiblidades de avance de nuestra comuna de Monte Patria.

Camilo Ossandón Espinoza
Alcalde comuna de Monte Patria

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